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Alerta: el avance sobre la propiedad intelectual en España

Las regulaciones están siempre al acecho, no desaprovechan su oportunidad. Basta que la gran masa de usuarios se distraiga con selfies en Facebook o micropaveando en Twitter para que el avance corporativo pegue el zarpazo.

España es el último ejemplo al aprobar esta semana una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que tiene dos ejes esenciales: la casi desaparición del concepto copia privada — gracias al cual los usuarios podían duplicar un disco, película o libro para uso propio — y la llamada tasa Google — que cobrará un impuesto a las páginas web que reproduzcan fragmentos de publicaciones periódicas.

El nuevo marco jurídico, se dice oficialmente, brindará “la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas”. Acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición de arreglos políticos y económicos, falta de consenso e incumplimiento de las promesas… pero concretamente, en palabras de los productores culturales y hacktivistas, esta norma restringe las libertades y favorece los intereses de grandes grupos mediáticos.

¿Por qué denuncian que favorece a grandes corporaciones si es aparentemente Google el afectado? Porque la reforma fue impulsada por la Asociación de Editores de Diarios Españoles que, ante la gran crisis económica que enfrentan, pretenden cobrar cada vez que el buscador los linkea. Y la movida no termina ahí: contempla también cargar contra quienes facilitan "la descripción o la localización de las obras (...) en particular contra quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras", con multas impagables y hasta potestad para pedir la clausura de la web en cuestión. Y acá el ataque caerá sobre cualquier sitio, en clara contradicción con la lógica de hiperenlaces de la www y con la jurisprudencia europea (más abajo se detalla esta situación).

Mi lucha 2.0

En este contexto que no es muy alentador, algunos especialistas se muestran preocupados. Incluso, llegan a ver cómo las corporaciones se aprovechan de la soledad cotidiana para hiperconectarnos, estudiarnos, comercializarnos y espiarnos.

Es el caso de Margarita Padilla, una hacker española que se autodefine como “una vieja militante del movimiento obrero que se convirtió en nueva activista cuando viajó (virtualmente, claro), allá por los años noventa, al núcleo de Internet y comprendió la potencia de las redes en la lucha social”. Es autora del libro “El kit de la lucha en internet”, editado bajo una licencia Creative Commons por el proyecto Traficantes de Sueños.

¿Cuáles son las tensiones actuales en la web?

En lo que yo veo de cerca, en el contexto de España, lo que está pasando es que desde hace más o menos un año casi todas las energías sociales se están enfocando en la capa político-electoral, con la hipótesis de que va a ser posible dar vuelcos electorales y "tomar" el poder político (supongo que estás al tanto de los éxitos electorales de Podemos). Como las energías no son infinitas, todo lo que se vuelca en lo político-electoral de alguna manera se "quita" o se deja de poner en activar luchas y movilizaciones sostenidas (como se hizo contra la Ley Sinde). Esto también tiene que ver con la brutal crisis económica que estamos sufriendo.

¿Cuáles son las legislaciones que resguardan los derechos de las personas y las protegen de los abusos corporativos?

En la comunidad europea se aplica la LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley obliga a las entidades que almacenan datos personales (por ejemplo, si tu web ofrece un formulario de registro para enviar una newsletter) a informar al usuario para qué se van a usar sus datos personales, al derecho de que el usuario pida su borrado, prohíbe vender los datos personales, etc). En la práctica, solo sirve para poner multas grandes a entidades pequeñas, que no tienen buenos abogados, ya que las grandes corporaciones pasan por alto todo esto.

Otra ley que se aplica es lo que conoce como Ley de Cookies, que es una concreción de la LSSI, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Esto obliga a todas las webs a informar del uso de estos mecanismos que permiten rastrear lo que una persona va haciendo por distintas webs, seguirle el rastro. Lo mismo que lo de antes, se ponen multas a los pequeños y los grandes no la aplican.

El repliegue de Anonymous, el encierro de Assange o la merma de acciones de hacktivistas, ¿indican el fin de una etapa de la batalla?

Después del 15M hay gente que ha ensalzado las capacidades de Twitter y de Facebook, pero sobre todo de Twitter, respecto a su potencial para organizar a su través las respuestas sociales. La mejor expresión de esto que digo es la investigación Datanalisys15m. Lo que investigan es interesante, pero me parece que tienen la hipótesis de que la gente ya está haciendo un uso político de las redes sociales, como quien dice de forma "natural". Desde esta hipótesis ya no sería tan necesario el hacktivismo como actividad "especializada", puesto que ya todo el mundo estaría haciendo hacktivismo espontáneamente en Twitter. Yo no lo veo exactamente así. Creo que la autonomía también debe darse a nivel de código, de servidores, etc. Así que yo también observo una especie de parón o retroceso respecto a años anteriores.

¿A qué tenemos que estar atentos para no morder el anzuelo y favorecer el control corporativo de la web?

El "pequeño" paso que va del ordenador al smartphone es una nueva vuelta de tuerca de las corporaciones. Sutil, pero con muchos efectos. El teléfono es mucho más caja negra que el ordenador. No tenemos conocimientos. No sabemos repararlos. No tenemos sistemas operativos completamente libres para él. Se usan aplicaciones específicas, por lo que tenemos mucho menos software libre. Está diseñado para estar todo el tiempo encendido y no permite cerrar o abrir las aplicaciones una por una con facilidad, así que se forma un continuo entre hardware, software y modos de comunicar que va modelando las prácticas. Por ejemplo, aplicaciones como Whatsapp, que han penetrado en los teléfonos sin ninguna resistencia, solo por el miedo de la gente a quedarse "fuera" de los círculos de amistades. Mucha gente ya empieza a considerar que un comunicación personal específica, dirigida únicamente a una persona concreta (una llamada telefónica, un mail, un SMS...) es demasiado "agresiva" o "intrusiva", así que mejor dirigirse a grupos difusos y a ver quién responde. Así, en lugar de invitar a unos amigos concretos a cenar a tu casa, pones un mensaje en whatsapp al grupo de amigos que diga "esta noche organizo una cena. ¿Alguien quiere venir?".

En resumen, por una parte está la soledad y la fragilidad personal que crea el neoliberalismo y que llevan a la gente a no querer desengancharse de los dispositivos y las prácticas conectivas. No solo a no querer desengancharse sino a engancharse cada vez más, a modo de epidemia o de droga o de única "salvación" contra la precariedad.

Por otra parte está el vuelco de lo social hacia lo político-electoral. En ese vuelco, todo lo demás tiende a ser instrumental, ya que todo está centrado en organizar alternativas electorales que den un vuelco a la situación política. Y si hay que estar en Facebook pues se está en Facebook. Digamos que todo se convierte en instrumental respecto al objetivo electoral.

No todo está perdido

Dos datos que demuestran que todavía hay esperanzas.

Por un lado, La Corte de Justicia de la Unión Europea estableció un veredicto que sienta jurisprudencia: la inserción de videos (aunque tengan derecho de autor) no es una infracción de copyright, incluso si la fuente de video se ha subido sin permiso. De alguna manera, complementa el llamado Caso Svensson, en el cual se dictaminó que linkear a una obra previamente publicada online no es violación de derechos. En la práctica, cualquier usuario puede utilizar libremente contenidos de terceros sin correr ningún riesgo (siempre y cuando no lo modifique). Vale una aclaración: en Argentina, la Cámara de Productores de Fonogramas (CAPIF) viene persiguiendo hace años a determinadas páginas web para cobrarles un canon mensual y autorizarlos a utilizar música o videoclips. lavaca intentó contactarse con esta organización que gestiona los derechos de las principales discográficas en nuestro país, pero hasta el momento no contestaron.

Por otro lado, miles de ciudadanos húngaros coparon las calles de Budapest para protestar contra un paquete de nuevos impuestos que intentaba aplicar el gobierno, en el cual se destaca una tasa a internet (la medida pretende cobrar €0,50.- por cada gigabyte de tráfico, que las compañías de telecomunicaciones trasladarían a los usuarios). Las manifestaciones espontáneas fueron tan firmes que el primer ministro Viktor Orbán dio marcha atrás. Al menos, por ahora.

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